Entró en una sucursal bancaria que tenía junto al despacho a
hacer una consulta. Es un pequeño empresario barcelonés que necesitaba hacer
unos cálculos relacionados con un crédito y quería comparar condiciones. Para
poder hacer dichos cálculos le pidieron una serie de datos. Confiado, los
facilitó. Al cabo de unos días, recibió en su domicilio una carta de la entidad
que contenía una tarjeta de crédito, una de débito, el anuncio de la apertura
de una cuenta en la citada entidad y la notificación de un saldo negativo de 12
euros por los primeros gastos... todo ello sin haberlo pedido ni firmado nada.
De inmediato fue al banco, pidió explicaciones, exigió disculpas
por escrito... que no obtuvo. El pequeño empresario, habiéndolo advertido antes
y sintiéndose engañado y víctima de la prepotencia del banco, puso el caso en
conocimiento de la agencia de protección de datos. El proceso le costó dinero
pero no quería sentirse pisoteado. Al final, sanción de 60.000 euros para la
entidad. Y ésta, para colmo, le culpaba de poner contra las cuerdas la carrera
profesional del comercial que había decidido la apertura de la cuenta y las
tarjetas. Escuchar el relato de este abuso y recordar la estafa de las
participaciones preferentes fue todo uno, un ejemplo
más de las prácticas abusivas de una banca que ahora salvamos todos mientras los
organismos supervisores, que deberían decir algo al respecto, siguen mirando
hacia otro lado.
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